Reforma Energética en México

La llamada Reforma Energética puede verse como un plan transexenal que comienza a vislumbrarse en los años 1980 y que fue avanzando tímidamente hasta su consenso en 2008. Es en 2013 que esta Reforma toma un verdadero impulso y una implementación por parte de los poderes ejecutivo y legislativo. En efecto, en los primeros tres años de la administración de Peña Nieto, se publicaron una veintena de leyes, nuevas o reformadas, en materia energética, con sus respectivos reglamentos. No obstante, el modelo económico neoliberal que ha adoptado México en las últimas tres décadas es el marco en el que el capital privado se ha ido empoderando del uso de los recursos energéticos en el territorio nacional, incluyendo en los últimos años la energía eólica y solar. Esta vía contrapone los ideales de los gobiernos anteriores por ofrecer un servicio de combustibles y electricidad a la población en general, pero también al impulso del desarrollo industrial nacional.

En la Ley de Transición Energética (2015), México ha establecido metas importantes para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, las que en principio tienen atributos asociados al cuidado medioambiental. Sin embargo, la falta de planeación estratégica e integral está poniendo en riesgo ecosistemas únicos, de gran biodiversidad, con servicios ambientales importantes a niveles local y regional, y aumentando la vulnerabilidad de las comunidades ante desastres naturales, tales como huracanes y sismos, e incluso a efectos del cambio climático global. Contrario a los estándares internacionales, se observa una política de tránsito a las energías renovables que no respeta adecuadamente los principios comunes del desarrollo sostenible. Faltan herramientas que ayuden a determinar la capacidad de carga socioambiental de las zonas con buenos recursos energéticos, especialmente a nivel regional y sumando acumulativos.

Si bien la Reforma Energética ha promovido una legislación que incluye el desarrollo y la aplicación de herramientas que ayudan a determinar la capacidad de carga socioambiental de los territorios que cuentan con alto potencial de aprovechamiento energético, en los últimos años se ha podido observar y documentar que estas herramientas no se han implementado (como la Evaluación Ambiental Estratégica, EAE) o se han aplicado de manera a contraria a los estándares internacionales y en ausencia de un respeto a los principios comunes del desarrollo sostenible (como la Manifestación de Impacto Ambiental –MIA-, la Evaluación de Impacto Social –EvIS- y la Consulta Indígena). Esto ha permitido que el proceso se base principalmente en intereses económicos privados, descuidando el desarrollo local con enfoque social y ambiental.