Riesgos Socioambientales

Los proyectos de energía renovable en México han tenido un proceso de planificación en donde la valoración ambiental no ha sido prioritaria. Los emplazamientos se han definido con base en valoraciones técnicas y financieras, tal como sucedió en el Istmo de Tehuantepec, que sin mecanismos de planificación u ordenamiento territorial, alberga más de 1,900 Aerogeneradores en más de 20 parques eólicos. Esta dinámica tiende a repetirse con el nuevo sistema de “Subastas de Largo Plazo”, implementado en la Reforma Energética y cuyo resultado es determinado con un algoritmo que únicamente considera factores técnico-económicos, y no da ninguna importancia a factores socioambientales.[1] Los desarrolladores pueden presentar proyectos a las subastas sin necesidad de contar con algún tipo de evaluación social o ambiental previo. Las subastas imponen una fuerte presión temporal para el inicio de la generación eléctrica (en ocasiones el plazo se limita a dos años tras la obtención del contrato), lo que limita y presiona significativamente el proceso de información y evaluación.

Esta situación es especialmente preocupante en Yucatán, un estado con gran riqueza ecológica y cultural, que hoy en día se enfrenta a una rápida y masiva planeación y construcción de parques eólicos y solares. Nueve de los 18 contratos asignados en la Primera Subasta celebrada en 2016, corresponden a proyectos que serán construidos en Yucatán. A la fecha conocemos más de 20 proyectos de gran escala, que ocuparían más de 10 mil hectáreas (sin contar las áreas para las líneas de transmisión), incluyendo territorios de población indígena, ecosistemas costeros de gran importancia para aves endémicas y aves migratorias de interés continental, áreas de selva baja, cercanas a manglares o que incluyen un sistema geohidrológico único en el mundo que incluye el anillo de cenotes. Algunos ejemplos concretos de los graves impactos de los proyectos planeados en Yucatán son:

(i) El proyecto fotovoltaico Ticul (A y B) planea deforestar más de 500 hectáreas de selva para la instalación de cerca de 1,200,000 paneles solares. Este proyecto subestima el llamado “efecto de isla de calor” causado por la instalación masiva de paneles solares, los efectos de la deforestación y el cambio de uso de suelo, la disminución en la captura de carbono y retención de aguas pluviales, y el impacto en las actividades económicas tradicionales de la población indígena, como la colecta sustentable de leña y la apicultura. Otros proyectos fotovoltaicos de menor magnitud tienen una propuesta de deforestación en términos más o menos similares en otros puntos del estado.

(ii) Los grandes parques eólicos planificados al lado de reservas naturales de la costa yucateca, en selvas o zonas cercanas a humedales, afectarán gravemente importantes corredores biológicos y hábitats indispensables para el jaguar[2] y otras especies protegidas, así como rutas de murciélagos y de aves endémicas y migratorias. Los documentos de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentados por los desarrolladores se basan en estudios no estandarizados y muestreos sumamente limitados, subestimando así los impactos y proponiendo medidas de mitigación deficientes e incluso inverosímiles.[3]

(iii) Los proyectos eólicos también suponen un grave riesgo para el manto freático, por la condición del suelo kárstico de la región. En Yucatán no existen ríos o lagos, la única fuente de agua dulce es un complejo sistema subterráneo que incluye los cenotes.[4] La mayoría de los proyectos no presentan estudios de mecánica de suelo ni geofísica en su MIA, por lo que se desconoce la capacidad de carga de la frágil corteza calcárea que protege los acuíferos, con el consiguiente riesgo de colapso y obstrucción de las corrientes subterráneas. Este riesgo es mayor ante los huracanes que azotan regularmente la península yucateca. El gobierno federal está autorizando la construcción de estos proyectos sin contar con esta información, esencial para su evaluación ambiental, así como para las comunidades locales.

(iv) Múltiples proyectos han sido autorizados pese a contradecir de forma directa la normativa de protección o de ordenamiento territorial, ignorando, por ejemplo, las prohibiciones explícitas contenidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán (POETCY) sobre el uso de maquinaria pesada y explosivos en Unidades de Gestión Ambiental en las que se pretenden instalar grandes parques eólicos. Los documentos de MIA describen claramente la necesidad de este tipo de maquinaria para la elaboración de las cimentaciones de los aerogeneradores en el suelo kárstico.

(v) Existe una evaluación sesgada e insuficiente de los impactos socioambientales, divididos inconvenientemente en dos procesos de evaluación: la MIA y la Evaluación de Impacto Social (EvIS), que no permite la correlación de las afectaciones ambientales en la base sociocultural y en el grado de vulnerabilidad de las comunidades locales. En ambos procesos, existen graves limitaciones de los instrumentos de valoración, carentes de metodologías sistemáticas y certeza científica que permitan identificar, evaluar, correlacionar y proponer medidas de mitigación efectivas sobre los impactos previstos en el corto, mediano y largo plazo.[5] Adicionalmente, al considerarse Yucatán un territorio maya, el proceso de Consulta Indígena es también un requisito legal para los proyectos, pero se han observado múltiples irregularidades en distintos municipios donde la Secretaría de Energía ha iniciado dicha Consulta.[6]

Por estas y otras evidencias, es posible afirmar que, para que México realice un tránsito seguro a las energías renovables, debe evitar las faltas sistemáticas en el proceso de evaluación socioambiental y las violaciones a los derechos de las comunidades locales, sin poner en riesgo la importancia biocultural de las regiones con alto potencial energético y mediante procesos con transparencia informativa.

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NOTAS

[1] Análisis de los extractos de las Subastas, según información disponible en http://www.sener.com y http://cenace.gob.mx

[2] En peligro de extinción.

[3] Por ejemplo, el estudio del parque eólico de Tizimín afirma que para los muestreos de las aves “se seleccionaron los meses más representativos”. Esta afirmación es falsa, dado que los meses más importantes para la migración son de agosto a noviembre y el período de muestreo cubierto fue de marzo a julio. También propone medidas como la reubicación de nidos (con sus huevos o crías) que están cerca de los aerogeneradores, lo cual es inverosímil e ilegal de acuerdo al Tratado de Aves Migratorias, del cual México es signatario.

[4] La palabra cenote proviene de la palabra maya “dzonot”. Los cenotes son pozos de pozos de agua dulce creados por la erosión de la piedra caliza, suave y porosa, que constituye la Península de Yucatán. En el mundo maya son considerados fuentes de vida, una entrada a las maravillas del otro mundo, y un punto de conexión con los Dioses.

[5] Por ejemplo, hay una gran arbitrariedad en la metodología utilizada para delimitar el sistema ambiental regional de un proyecto.

El sistema ambiental regional debe ser delimitado en función de la orografía, el ecosistema, el tipo de suelo y otros criterios ecológicos, que permitan definir el área en que se podrán causar impactos a causa de las componentes del proyecto, sin embargo, en la práctica se ha encontrado MIAS, donde las áreas de afectación de los parques eólicos, ha sido definido únicamente en base a la propagación de ruido.

[6] Por ejemplo, en los municipios de Muna, Tizimín y Valladolid.